INICIO > NOTICIAS > MOVIMIENTOS POLITICO SOCIALES
Elementos para el análisis de las relaciones entre el Estado y las luchas sociales recientes en América Latina, Bonnet Alberto
Dr. Alberto R. Bonnet
Facultad de Ciencias Sociales – UBA
Departamento de Ciencias Sociales - UNQ
1. Introducción
En la pasada década de los noventa cambiaron profundamente las características que asumen las luchas sociales en Argentina –y, ciertamente, también en otros países latinoamericanos. Estos cambios se volvieron evidentes durante la segunda mitad de la misma y, particularmente, en el ascenso de las luchas que culminó en la insurrección que cerró dicha década. En otros trabajos propusimos un acercamiento a estos cambios, que conceptualizamos como una metamorfosis en el modo de desenvolvimiento de la lucha de clases. 1 Recordemos aquí solamente que empleamos este concepto de modo de desenvolvimiento de la lucha de clases como un concepto correspondiente a un nivel intermedio de abstracción que remite al modo específico en que se desarrolla la lucha de clases en una sociedad y durante un período histórico determinados y que incumbe a las cuatro dimensiones tradicionalmente asociadas con las luchas sociales, a saber, con sus sujetos, sus demandas y sus modos de organización y de acción.
Esta metamorfosis específica puede sintetizarse, en una primera aproximación, como un desplazamiento desde la centralidad de los segmentos de la clase trabajadora empleados en el sector privado, particularmente en la industria, con sus organizaciones sindicales, demandas predominantemente salariales y huelgas en sus lugares de trabajo, hacia la centralidad de otros segmentos de la clase trabajadora expulsados o amenazados de ser expulsados de sus puestos de trabajo, con sus demandas predominantemente vinculadas con sus empleos y sus nuevos modos más comunitarios de organización y de lucha. Este desplazamiento no consiste, propiamente hablando, en un pasaje desde una “matriz sindical” o “laboral” hacia una “matriz ciudadana” o “cívica”, sino en un pasaje entre modos distintos de desenvolvimiento de una misma lucha de clases.2 Pero implica igualmente que las luchas sociales de la segunda mitad de la década de los noventa ya no pueden seguir entendiéndose a partir de la centralidad de las luchas sindicales. 3
Ahora bien, en este trabajo intentaremos, específicamente, avanzar en el análisis de la dimensión política de las luchas sociales emergentes de esta metamorfosis. Y nos centraremos en las relaciones que mantienen esas luchas sociales con el estado, pues suponemos que esas relaciones son el punto privilegiado para el análisis de la dimensión política de las mismas. En la segunda parte de la ponencia, justamente, reflexionaremos sobre una serie de desafíos teóricos que plantea el análisis de esas relaciones. El análisis más empírico de esas luchas nos permitirá identificar, a su vez, ciertas características políticas de los sujetos, las demandas y los modos de organización y de acción en juego en esas luchas sociales que consideramos importantes. Y dedicaremos la tercera parte de la ponencia al análisis de la dimensión política de esas luchas sociales propiamente dicho, organizado al modo de una tipología de las relaciones entre esas luchas sociales y el estado y de los problemas que las atraviesan en cada caso. En las conclusiones, para finalizar, presentamos la hipótesis que nos orienta. 4
2. Consideraciones preliminares
Todas las luchas sociales que aquí nos ocuparán envuelven en los hechos alguna relación con el estado capitalista y, por consiguiente, revisten una dimensión política. Esto puede resultar obvio en la medida en que ese estado suele ser muchas veces su antagonista privilegiado. Piénsese, por ejemplo, en las luchas del movimiento piquetero en demanda de subsidios de desempleo: con su emergencia, las luchas sindicales de los trabajadores ocupados, con sus respectivas patronales como antagonistas centrales, se convirtieron en luchas piqueteras de los trabajadores desocupados, ahora con el estado como antagonista central. Pero esto no significa que estas luchas sociales solamente se relacionen con el estado. En efecto, muchos análisis de las luchas sociales recientes presuponen, aunque implícitamente, que los “actores” en juego en esas luchas son exclusivamente “los movimientos sociales” de un lado y “el estado” del otro (y, a lo sumo, “los medios de comunicación”, “la opinión pública” o algún otro actor entre ambos). Olvidan así que, en muchos casos, “los empresarios”, “las patronales” o como designemos a los propietarios de los medios de producción, siguen desempeñando un papel no menos importante.
Este olvido responde en primer lugar, naturalmente, a que incorporar al elenco de actores sociales a esos propietarios de los medios de producción sugiere un análisis de clase de esas luchas sociales, algo vedado por las modas académicas vigentes. Más adelante volveremos sobre este asunto. Responde, en segundo lugar, a que el interés despertado por el estudio de las nuevas organizaciones y luchas sociales condujo, en los medios académicos, a un desinterés por el estudio de organizaciones y luchas más tradicionales, como los sindicatos y las huelgas, que parecían confrontar de una manera más inmediata con aquellos propietarios de medios de producción. Basta con comparar la producción académica reciente dedicada a unos y otros para poner en evidencia ese desplazamiento. Agreguemos solamente que este desplazamiento está justificado en la medida en que algunas de aquellas nuevas organizaciones y luchas sociales ganaron en los hechos un protagonismo creciente, en desmedro de algunas organizaciones y luchas más tradicionales. Pero es injustificado en la medida en que conduzca a ignorar sin más a estas últimas –ignorancia especialmente peligrosa para el análisis de las luchas posteriores al cierre del ascenso que culmina en la insurrección de diciembre de 2001, período en que las organizaciones sindicales y las luchas salariales tendieron a recuperar protagonismo. Pero aquel olvido responde, en tercer lugar, a errores en el análisis de estas mismas nuevas luchas y organizaciones sociales. Y debemos detenernos en este punto.
Para retomar nuestro ejemplo, algunas de las organizaciones piqueteras actuales están integradas por trabajadores desempleados otrora empleados por el propio estado, o sea que estos trabajadores ya tenían como antagonista al estado en sus luchas sindicales previas. Y, visceversa, estos trabajadores desempleados reclaman puestos de trabajo a empresas privadas, o sea que las enfrentan como un nuevo antagonista. Considérese, por ejemplo, el caso de los ypefeanos de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi, Salta. La organización confronta con el estado por una amplia gama de demandas que van desde los subsidios de desempleo, pasando por la construcción de viviendas, escuelas y hospitales, hasta la participación en las regalías petroleras y gasíferas. Pero también confronta con empresas privadas, especialmente con las grandes multinacionales de hidrocarburos, en demanda de puestos de trabajo para sus miembros y de materias primas y herramientas para sus emprendimientos productivos (acerca de esta “doble interpelación” véase Korol 2006). Así, incluso en el caso de algunas luchas piqueteras, i.e., de luchas cuyo antagonista central es ciertamente el estado, este estado no es el único antagonista. Y las patronales, por lo demás, son antagonistas centrales en muchas otras luchas sociales, como sucede en las recuperaciones de empresas por parte de sus trabajadores.
Antes de cerrar este punto, advirtamos que tampoco puede afirmarse que las luchas sociales que tienen como antagonista central al estado sean necesariamente más radicales que aquellas que tienen como antagonista central a las patronales. Las luchas sociales alcanzan una dimensión política en la medida en que entran en relación con el estado, pero politicidad y radicalidad son dos cosas diferentes. Volvamos a los ejemplos que acabamos de mencionar. Las luchas piqueteras y las recuperaciones de empresas son, fundamentalmente, respuestas defensivas de los trabajadores ante el desempleo: en el primer caso, los trabajadores luchan por nuevos puestos de trabajo o, en su defecto, por subsidios de desempleo y otras demandas relacionadas; en el segundo caso, por la conservación de sus puestos de trabajo. ¿Cuál de ellas es una respuesta más radical, desde una perspectiva anticapitalista? Acaso la primera, en la medida en que sea una respuesta colectiva y organizada a una condición de desempleo que, en caso contrario, amenaza con descargarse sobre las espaldas de cada trabajador individual como responsabilidad suya y desorganizar a los trabajadores como clase. La segunda puede resultar menos radical, en este sentido, en la medida en que solamente conduzca a un acuerdo privado con la patronal saliente para mantener la empresa en el mercado, sin mayores modificaciones. Pero acaso la segunda resulte más radical, en la medida en que les permita tomar conciencia acerca de la viabilidad de una producción autogestionada por los propios productores, mientras que la primera puede resultar menos radical en la medida en que solamente conduzca a la consolidación de relaciones clientelares entre esos desocupados y punteros barriales.
Podríamos citar muchos ejemplos que ilustraran cada una de estas posibilidades y otras. Pero revisemos solamente las palabras de un obrero ceramista de Zanón: “Antes yo renegaba con los cortes de ruta, no me gustaban, porque tenía que llegar a mi trabajo. Después asumí y comprendí por qué lo estaban haciendo. Cuando me quedé sin trabajo lo valoré. Por eso apoyamos a los desocupados. Quizás no estoy de acuerdo con el pedido de más planes trabajar. Se tendría que pedir trabajo genuino” (de Korol 2005: 58). 5
¿Cuál de ambas demandas, la de planes trabajar o la de trabajo genuino, es una respuesta más radical ante el desempleo? El carácter político de esta reivindicación de la cultura del trabajo es muy ambiguo: por una parte, puede reforzar la subordinación del obrero a la explotación capitalista; por otra, puede debilitar la subordinación de ese obrero a la asistencia social, es decir, a uno de los mecanismos claves de dominación del estado capitalista. En síntesis: no parece posible responder de antemano y en general a aquella pregunta acerca de la radicalidad de las distintas luchas sociales. Esto es así porque esa mayor o menor radicalidad no depende de que las luchas tengan al estado o a las patronales como antagonistas -o, más precisamente, de que tengan como antagonista a la clase capitalista en el estado o en el mercado- sino de otras características suyas. Las relaciones entre las luchas sociales y el estado dependen, naturalmente, de una diversidad de características de esas mismas luchas sociales. Esto va de suyo. Pero, antes de examinar este aspecto, conviene advertir algo importante que suele pasar más desapercibido, a saber, que dichas relaciones dependen también de una diversidad que atraviesa al propio estado. El estado capitalista es una relación social compleja, que se caracteriza por una determinada forma de estado, que cristaliza en un igualmente determinado aparato de estado y que desempeña igualmente determinadas funciones de estado. Y nada garantiza de antemano una completa unidad y funcionalidad entre estos distintos aparatos y funciones. Las relaciones que las luchas sociales guardan con el estado también dependen entonces (a) de la forma de estado que enfrentan y (b) de qué elemento específico de esa forma de estado enfrentan. Vamos a algunos ejemplos. La forma de estado puede definirse, en pocas palabras, como la manera en que se halla diseñado el poder de estado en una sociedad y en un período histórico determinados.
Este diseño descansa, básicamente, en la división y las relaciones entre los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y otras instancias de poder relativamente independientes dentro del estado, así como en la distinción y las relaciones entre los poderes nacionales, provinciales y municipales y otros niveles de poder dentro de ese estado.
Así, las relaciones de las luchas sociales con el estado suelen ser diferentes, por ejemplo, a un nivel nacional, provincial o municipal. Téngase en cuenta las decisivas diferencias entre la oleada de cortes de ruta y puebladas del interior del país, iniciado en Cutral-Có y Plaza Huincul, Neuquén, en 1996, y la oleada de cortes de accesos a la capital y marchas del conurbano bonaerense, inaugurada en La Matanza, Buenos Aires, en 2000. Entre ambas oleadas hay muchas diferencias (Svampa y Pereyra 2003), pero la que interesa remarcar aquí, políticamente decisiva, es la que existe en relación con la mediación que ejercieron los municipios y las provincias, mucho más importante en la primera que en la segunda. Desde luego que esas mediaciones ejercidas por los municipios y provincias muchas veces fueron desbordadas en las luchas sociales del interior (recuérdense desde las sedes de los tres poderes incendiadas en Santiago del Estero en diciembre de 1993 hasta las sedes de la municipalidad y la policía quemadas en Tartagal y Mosconi en noviembre de 2000) y el gobierno nacional se vio obligado a intervenir asistencial y represivamente. Y desde luego que los municipios y la provincia mediaron también en las luchas sociales del conurbano (recuérdese la intervención del gobierno de la Provincia de Buenos Aires o de la intendencia de La Matanza, por caso, ante los cortes del 2000). Pero no deja de ser cierto que esta mediación ejercida en los niveles provinciales y municipales resultó mucho más efectiva ante la primera oleada que ante la segunda.
En efecto, esta segunda oleada fue menos radicalizada que la primera en muchos aspectos (por ejemplo, la propia Gendarmería Nacional fue forzada a retroceder en su enfrentamiento con la pueblada de Cutral-Có de junio de 1996 y posteriormente en otras puebladas del interior) y, sin embargo, alcanzó una mayor incidencia política a nivel nacional porque esta segunda oleada resultó en una mayor coordinación de las distintas organizaciones y luchas y en una mayor capacidad de enfrentar el poder de estado a una escala nacional. Los congresos piqueteros (realizados en La Matanza el 24/7 y 4/9/01) y sus planes nacionales de lucha con cortes escalonados durante 2001 (ver Rauber 2002) jugarían así un papel decisivo en la coyuntura de mayor desafío al poder de estado de las últimas décadas: la insurrección de diciembre de 2001 (véase mi análisis en Bonnet 2002).
Esta diferencia, podría objetarse, responde a razones meramente geográficas: la mayor coordinación y capacidad de enfrentar al estado a una escala nacional de esta última oleada bonaerense responde a que se desarrolló en el conurbano de la ciudad más grande del país y de la ciudad sede del gobierno central del mismo, mientras que el aislamiento que amenazaba continuamente a aquella oleada del interior responde a que tuvo como escenario ciudades medianas o pequeñas y muy distantes de esa ciudad capital. Pero estas razones, en apariencia “meramente” geográficas, son profundamente políticas. El espacio político no es más “homogéneo y vacío” que el tiempo político. 6
Y, en el marco de la geografía de este espacio político, las citadas mediaciones ejercidas por los municipios y provincias (a través de la asistencia social, por ejemplo) son parte integrante de las estrategias de dominación del estado, de la misma manera que la superación de esas mediaciones (a través de un plan de cortes escalonados de los accesos a la ciudad sede del gobierno nacional) son parte integrante de las estrategias de emancipación de los trabajadores. Las estrategias no son otra cosa, en definitiva, que dosificaciones de enfrentamientos en el espacio y el tiempo.
Agreguemos, antes de seguir avanzando, que las formas que adopta el estado no son inmutables. Y la pasada década de los noventa fue justamente, en el caso argentino, un período en que la forma de estado sufrió una profunda metamorfosis. El estado argentino adoptó, como resultado de dicha metamorfosis, una forma neoconservadora. Y esto no fue indiferente para las relaciones entre ese estado y las luchas sociales. La imposición de esta forma neoconservadora de estado implicó, entre otras cosas, una modificación de la relación entre centralización y descentralización del poder de estado, una modificación que usualmente aparece referida como descentralización a secas. Sus funciones de asistencia social tendieron a ser descentralizadas hacia niveles provinciales e incluso municipales del aparato de estado, mientras las represivas parecieron tender a centralizarse crecientemente (véase mi análisis de esta forma de estado en Bonnet 2008: V). Las organizaciones sociales se enfrentaban muchas veces primero con los punteros y caudillos locales, que respondían con asistencia social en la medida en que contaban con recursos suficientes, por ejemplo, y luego con Gendarmería Nacional y su represión militarizada, cuando esos recursos ya no alcanzaban. Incluso puede añadirse algo más, aunque no vamos a detenernos en este asunto porque incumbe más al análisis del estado que al de las luchas sociales: esta modificación de la relación entre centralización y descentralización del poder de estado, como sucede con otras metamorfosis de la forma de estado, es en sí misma una respuesta a aquellas luchas sociales. El estado capitalista no altera su forma, pues, sino como expresión de la lucha de clases que lo atraviesa. 7
Ahora bien, las relaciones de las luchas sociales con el estado no sólo difieren a nivel nacional, provincial o municipal, sino también si son relaciones con el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial o cualquier otra instancia de poder –y la mencionada imposición de una forma neoconservadora de estado también implicó una modificación de la relación entre estas instancias. Veamos otro ejemplo. Las luchas sociales suelen relacionarse simultáneamente con diversos poderes del estado. Consideremos el caso de las recuperaciones de empresas por parte de sus trabajadores que, aunque contaban con algunos antecedentes previos, se registraron muy intensamente durante el ciclo 2000-03 (véase Fajn 2003: II). Los colectivos de trabajadores de estas empresas mantienen en sus luchas relaciones con el estado en dos niveles: a nivel del poder judicial (la justicia), por una parte, y a nivel de los poderes ejecutivo y legislativo (la política), por la otra.
Los enfrentamientos en estos dos niveles integran una misma lucha, ciertamente, pero revisten características muy diferentes. Las relaciones con el poder judicial suelen entablarse desde el inicio de las recuperaciones porque en todos los casos (a) se originan en incumplimientos de la relación contractual laboral por parte de las patronales (atrasos en el pago de salarios o pago con vales, despidos, suspensiones y reducciones horarias, que se inscriben en una perspectiva de cierre de las empresas en cuestión por quiebra, vaciamiento o lock-out patronales) a la vez que (b) acarrean respuestas de los colectivos de trabajadores de esas empresas que también violan la legalidad vigente (diversas modalidades más o menos conflictivas de ocupación de las empresas). Y a continuación tanto los trabajadores como las patronales, incluso a veces simultáneamente, suelen judicializar su enfrentamiento. Ante una quiebra, por caso, los trabajadores reclaman al juzgado correspondiente la custodia de los medios de producción implicados y a su vez los patrones el procesamiento de esos trabajadores por usurpación. 8
Pero este enfrentamiento tampoco puede dirimirse exclusivamente en la justicia. Se entablan además relaciones con los poderes ejecutivo y legislativo, es decir, esos colectivos de trabajadores y esas patronales politizan su enfrentamiento para dirimir su aspecto más estratégico: la expropiación o no expropiación de las empresas en cuestión –y eventualmente el cambio de la propia legislación acerca de las expropiaciones. Una descripción del proceso de recuperación de empresa puede ayudarnos a entender la articulación entre esos dos niveles. “La estrategia general se podría resumir en: hacerse cargo de la empresa, ocupándola si es necesario para ello, formar la cooperativa de trabajo intentando negociar un arreglo provisorio con el dueño o juez para luego buscar su expropiación temporal. Las distintas formas de arreglo judicial, continuidad laboral y guarda judicial, y el arreglo con el patrón, son formas más precarias que las expropiaciones de la empresa. En ocasiones, el arreglo judicial se alcanza argumentándose que se requiere tiempo para conseguir la expropiación. Cuando la quiebra no es el punto de partida se la busca para poder solicitar la continuidad judicial o un arreglo judicial informal y luego la expropiación” (de Rebón y Saavedra 2006: 52). Los trabajadores enfrentan así al poder judicial, por una parte, y a los poderes ejecutivo y legislativo, por otra, siguiendo estrategias muy diferentes.
La imposición de una forma neoconservadora de estado en los noventa implicó una modificación de la relación entre poderes que condujo a una profundización del predominio del poder ejecutivo -un predominio que en verdad preexistía así en la norma como en los hechos: el recurrente empleo de decretos de necesidad y urgencia y vetos presidenciales, la modificación de la corte suprema y el reemplazo de procuradores y tribunales y otros fenómenos semejantes ponen en evidencia esa profundización (véase nuevamente Bonnet 2008: V). Esta intensificación del predominio del poder ejecutivo sobre los poderes legislativo y judicial a nivel nacional se reprodujo en muchos casos a nivel provincial, pero no suprimió la existencia de grietas entre esos distintos poderes y, por consiguiente, de relaciones diversas entre las luchas sociales y esos distintos poderes. La lucha de los trabajadores de Zanón ofrece un excelente ejemplo. Los poderes ejecutivo y legislativo provinciales, encabezados por el gobernador Sobisch, impulsaron desde un comienzo la devolución de la fábrica a su antiguo propietario, prolongando así las estrechas relaciones (financiamiento, subsidios, etc.) que la dirigencia del Movimiento Popular Neuquino (MPN) mantenía con el empresario.
Cuando los ceramistas ocuparon la fábrica, octubre de 2001, el empresario los denunció por usurpación y un juez provincial obedeció al gobernador ordenando la primera de las numerosas órdenes de desalojo que se sucederían. “Empezó a intervenir la justicia penal de Neuquén -comenta el abogado de los ceramistas- que responde directamente a las órdenes del gobernador de la provincia, el gobernador Sobisch, que acaba de lograr una mayoría automática en la Corte Suprema, y que sigue nombrando jueces y fiscales adictos” (en Korol 2005: 95). Pero los obreros ceramistas respondieron demandando a su patronal por vaciamiento: “se nos ocurrió la idea de denunciar a los empresarios de Zanón por la condición de una figura que existe en el Derecho que es el ´lock-out ofensivo´, o sea, el cierre delictual de una planta” (ibidem). Tras una serie de audiencias de conciliación fracasadas, a fines de ese mismo mes una jueza provincial aceptó esta denuncia de lock-out, responsabilizando a la patronal por el fracaso de la conciliación, y secuestró y embargó parte del stock de cerámicos para el pago de sueldos adeudados La sentencia, apelada, sería ratificada en segunda instancia por otros jueces y, más tarde, por el Tribunal de Justicia de Neuquén y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Usurpación versus vaciamiento: la lucha de los ceramistas atravesó al poder judicial de la provincia. El ejecutivo provincial, mientras tanto, insistía en sus intentos de aplastar a los trabajadores: reprimió ferozmente (sin orden judicial) la movilización que realizaron a la Casa de Gobierno en reclamo de que la provincia se hiciera cargo de la empresa y dejara sin efecto su despido en masa (ilegal) en noviembre de 2001 y desde entonces volvió a reprimirlos, perseguirlos e intimidarlos una y otra vez mediante su policía y patotas civiles. El colectivo de trabajadores de Zanón, mientras tanto, se valió de esos fallos favorables como cobertura legal para avanzar en la recuperación de la empresa.
Podríamos ahora cruzar estas diferencias que la división de poderes introduce en las relaciones entre luchas sociales y estado con aquellas que introducía la distinción entre niveles nacionales, provinciales y municipales para advertir la complejidad de esas relaciones. Tendríamos así relaciones diferentes entre un colectivo de trabajadores que emprende la recuperación de una empresa y el estado si esas relaciones consisten en la exigencia de que la justicia reconozca su cooperativa de trabajo, de que el parlamento expropie su empresa o de que el gobierno les otorgue crédito, así como serían diferentes si consistieran en la demanda de modificación de la ley nacional de quiebras, de sanción de una ley provincial para la expropiación de determinada empresa o de provisión de subsidios por un municipio. Y, por supuesto, serán diferentes si ese estado nacional está administrado por Duhalde o Kirchner, si ese estado provincial es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o La Rioja, y así sucesivamente. 9
Pasemos ahora a las características de las propias luchas sociales que inciden en sus relaciones con el estado –centrándonos, por razones de espacio, en las estrictamente políticas. La manera más común de aproximarse a estas características es a través de la ideología política explícitamente adoptada por las organizaciones que protagonizan esas luchas sociales –o, en otra versión, de su “identidad”. Pero nosotros preferimos analizar directamente las características políticas que revisten esas prácticas de lucha en los hechos. Nuestra pregunta apunta así a las características políticas de determinadas prácticas de lucha social. Esta distinción es importante porque, en muchos casos, analizar estas características políticas de las luchas sociales a partir de aquella ideología política expresamente adoptada por las organizaciones que las llevan adelante puede conducir a graves errores.
Veamos un ejemplo. El mencionado movimiento de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores estuvo atravesado por un intenso debate acerca del status jurídico que debían asumir esas empresas una vez recuperadas. La enorme mayoría de los colectivos de trabajadores involucrados optó por organizarse en cooperativas de trabajo, pero algunos de ellos exigieron que las empresas que habían recuperado fueran estatizadas y sometidas a control obrero. Este debate estuvo signado, naturalmente, por connotaciones ideológicas muy amplias. La cooperativización era impulsada por los sectores menos radicales desde un punto de vista ideológico -esto es, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y, especialmente, el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT), de orientación peronista. La estatización, en cambio, era impulsada por sectores más radicales desde un punto de vista ideológico -algunos partidos de izquierda involucrados en las recuperaciones, como el Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS), de orientación trotskysta, y los Encuentros Nacionales de Fábricas Ocupadas. 10
Y estas divergencias ideológicas no dejaron de manifestarse en el curso de los procesos de recuperación. Todas las empresas que luchaban por su estatización provenían de un proceso de recuperación muy conflictivo, mientras que solo de algunas de las que luchaban por su cooperativización podía decirse lo mismo. Todas las que luchaban por su estatización habían ampliado su campo de intervención, encarando actividades que excedían la ocupación y la puesta en producción, tanto puertas adentro (con actividades recreativas, culturales, educativas, sanitarias, etc.) como puertas afuera de sus sedes (con donaciones, apoyo a escuelas y hospitales, acciones conjuntas con otras organizaciones, etc.), mientras que sólo algunas pocas de las empresas que luchaban por su cooperativización lo habían hecho. Y así sucesivamente. A la luz de estas divergencias ideológicas, parecía esperable que las organizaciones más radicales adoptaran frente al estado capitalista posiciones más críticas.
Sin embargo, las cosas sucedieron de otra manera. Básicamente, los colectivos de trabajadores que optaron por convertirse en cooperativas de trabajo, no lo hicieron por razones ideológicas sino pragmáticas. No actuaron por convicciones cooperativistas, sino porque necesitaban de una cobertura legal, tanto para consolidar la recuperación de sus empresas (para actuar en la justicia, etc.) como para retomar la producción (para comprar sus insumos, vender sus productos, etc.). La figura legal preexistente de la cooperativa de trabajo apareció, intervención mediante de los abogados del MNER o el MNFRT, como la más adecuada para esos fines. Los colectivos de trabajadores que exigieron que las empresas fueran estatizadas y sometidas a control obrero, intervención mediante de los cuadros partidarios de izquierda, en cambio, lo hicieron por razones más ideológicas. 11
Y fue justamente la incapacidad de dar respuesta a ese requerimiento de legalidad la que los obligó a dejar atrás esta salida –y, en algún caso, también a la dirigencia que la habían promovido: los procesos de recuperación de sus empresas peligraron y los colectivos de trabajadores retrocedieron, aceptando a regañadientes la cooperativización (como en el caso de Zanón) o integrándose más decididamente en un movimiento cooperativizador (como en el de Brukman, respecto del MNFRT). 12
Así pues, la exigencia de estatización bajo control obrero fracasó rotundamente, poniendo en peligro los procesos de recuperación en cuestión y sumiendo en el descrédito a las dirigencias que la habían impulsado.
Pero aquí nos interesa más analizar las características políticas de esa exigencia que su fracaso. Los argumentos que la acompañaron no son demasiado reveladores, porque se trataba de una mera extrapolación de una clásica “consigna de transición” (véase, por ejemplo, Martínez 2002). Mucho más importante es el hecho de que esta exigencia avanzaba a contramano de la dirección en la que se encaminaban en aquella coyuntura las luchas sociales, es decir, de la dirección hacia el “que se vayan todos” (todos los políticos y, eventualmente, los propios empresarios). Y, aunque no hay razón alguna para nadar siempre a favor de la corriente, tampoco había muchas razones en aquella coyuntura para enfrentar la corriente invocando la conveniencia de entregar las empresas recuperadas a ese estado que estaba siendo impugnado en las calles. La exigencia de estatización esgrimida por el sector más radical (desde una perspectiva ideológica) del movimiento de empresas recuperadas se convirtió así, en los hechos, en una exigencia conservadora (desde la perspectiva de la dimensión política efectiva de las prácticas de lucha social involucradas). 13
Las relaciones entre las luchas sociales y el estado no pueden analizarse, entonces, exclusivamente a partir de la ideología asumida explícitamente por las organizaciones que las protagonizan, sino que conviene atender asimismo a las prácticas de lucha social en juego en cada caso.
3. Una tipología
Pasemos ahora al análisis propiamente dicho de la dimensión política de las luchas sociales. Vamos a valernos para este análisis, como ya adelantamos en el primer apartado, de una tipología de las relaciones entre esas luchas sociales y el estado y de los problemas que las atraviesan en cada caso. La tipología es muy sencilla y contempla tres tipos básicos, que presentaremos ilustrándolos a partir de las experiencias de lucha social más representativas de cada uno de esos tipos a escala latinoamericana, para detenernos a continuación en sus correlatos locales.
3.1. Tenemos, en primer lugar, las luchas sociales caracterizadas por una fuerte autonomía respecto del estado –a menudo, las organizaciones que impulsan estas luchas asumen explícitamente además esta autonomía como una dimensión política importante de su práctica de lucha social. 14
El caso paradigmático, a escala latinoamericana, es el del zapatismo. Considérese especialmente su conducta política durante el período que va desde la Marcha del Color de la Tierra y el incumplimiento gubernamental de los Acuerdos de San Andrés (es decir, desde febrero - agosto de 2001) hasta sus primeros comunicados sobre la última coyuntura electoral mexicana, la VI Declaración de la Selva Lacandona y el anuncio de La Otra Campaña (es decir, hasta febrero - junio de 2005). Durante los cuatro años en cuestión, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se replegó sobre sus comunidades rebeldes para organizar, hacia mediados de 2003, sus Caracoles y Juntas de Buen Gobierno, es decir, para establece municipios autónomos paralelos a los gubernamentales. Este repliegue sobre sus comunidades concluyó, sin embargo, como sucedió en otras coyunturas de la trayectoria del EZLN, en el despliegue de una iniciativa dirigida a la sociedad mexicana en su conjunto: el mencionado lanzamiento de La Otra Campaña en enero de 2006, durante la coyuntura electoral. El debate suscitado alrededor de esta conducta zapatista fue revelador de los peligros que suelen enfrentar los movimientos sociales que intentan preservar a rajatabla su autonomía respecto del estado: particularmente, el peligro de quedar aislados (véanse por ejemplo el rico debate reunido en AAVV 2006).
Pero discutamos estos peligros valiéndonos de casos de luchas sociales locales, porque también entre nosotros esta variante autonomista de las relaciones con el estado encuentra algunas expresiones, aunque sean mucho menos significativas. Nos referimos a una porción del movimiento piquetero que, en su momento, incluía a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, al Movimiento Teresa Rodríguez y, acaso, a la citada UTD de Mosconi y alguna otra del interior. Y nos referimos también a varias de las asambleas populares organizadas al calor de la insurrección de diciembre. Es más difícil determinar qué porción de este movimiento asambleario puede asociarse con esta variante autonomista, porque tanto en el movimiento en su conjunto -por ejemplo, en las Asambleas Interbarriales- como en el interior de muchas de sus asambleas barriales individuales convivieron distintas prácticas. 15
Sin embargo, a partir del retroceso del movimiento y de su repliegue hacia los barrios y las actividades barriales, a mediados de 2002, podemos aproximarnos a una respuesta y afirmar que al menos un tercio del movimiento asambleario adoptaría explícitamente esa orientación autónoma. 16
Aquellas organizaciones piqueteras confluirían además con estas asambleas barriales en una serie de iniciativas políticas como, por ejemplo, la campaña y el acto conjunto en Plaza de Mayo del 11/3/03 para repudiar las elecciones presidenciales de abril de 2003 (véase Página 12 12/3/03) o los Eneros Autónomos reunidos en el conurbano bonaerense entre 2004 y 2006 (véanse los informes en www.pensamientoautonomo.org.ar).
Ahora bien, la autonomía efectiva que estas luchas sociales guardan respecto del estado y, en mayor medida, la noción de autonomía que asumen como propia, no están exentas de serios problemas. Ya en otras ocasiones alertamos acerca de estos peligros y, especialmente, polemizamos con la manera en que los enfrentan ciertos intelectuales asociados con estas luchas.17
Aquí solo voy a repetir resumidos mis argumentos de entonces, para avanzar a continuación hacia un tratamiento de estos problemas a un mayor nivel de abstracción. Sostenía entonces que ciertos intelectuales asociados con las luchas sociales caracterizadas por una fuerte autonomía respecto del estado adoptan una orientación política que puede denominarse como micropolítica posmoderna. Esta orientación política, una simple variante del liberalismo, se caracteriza por un rechazo fóbico de cualquier noción que, como la de estado, nos recuerde la dimensión global de las relaciones sociales capitalistas. Esto conduce inexorablemente a la renuncia política, a veces impuesta como una necesidad por las circunstancias, pero siempre convertida en virtud, a reconocer al estado capitalista como antagonista clave de las luchas sociales. Su contraparte es una apología igualmente ingenua a las iniciativas minoritarias y marginales, que convierte iniciativas vinculadas con la conservación de la identidad y los vínculos solidarios que un grupo perdió junto con sus empleos (o simplemente con una autoconservación a secas, que ese grupo también puede estar a punto de perder), como la organización de una huerta o un comedor comunitario, un nodo de trueque o una panadería, en iniciativas instituyentes de espacios ajenos al estado y las relaciones sociales capitalistas en su conjunto. Los partidarios de esta orientación quisieran entonces que las organizaciones piqueteras no exigieran subsidios al estado, que las empresas recuperadas no vendieran mercancías en el mercado, y así sucesivamente.
Esta orientación, considerada en esta su versión extrema, no podría guiar en los hechos ninguna práctica de lucha social; pero, en versiones más moderadas, la hallamos guiando de hecho algunas de esas prácticas. Revisemos, en este sentido, la experiencia de los clubes de trueque. 18
La consideración de este ejemplo en este contexto puede parecer objetable, por dos motivos. En primer lugar, podría aducirse que el trueque debe ser entendido como una práctica económica, es decir, una práctica de producción – intercambio – consumo que apunta a garantizar la reproducción de los individuos involucrados en condiciones adversas, antes que como una práctica de lucha social propiamente dicha. Y así es. La enorme mayoría de aquellos que se acercaron a los clubes de trueque, provenientes de la clase trabajadora y especialmente de los sectores medios desocupados y empobrecidos, buscaban en ellos un modo alternativo y provisorio de subsistencia. Y esta práctica económica, a diferencia de las prácticas de lucha social, no involucraba necesariamente enfrentamiento alguno. Sin embargo, un análisis más o menos atento del ascenso de las luchas sociales que clausura la década de los noventa pone de manifiesto que no puede trazarse una línea divisoria demasiado tajante entre ambos tipos de prácticas. En efecto, no sólo estos clubes de trueque, sino la mayoría de las organizaciones que mencionamos –los grupos piqueteros, los colectivos de trabajadores de las empresas recuperadas, las asambleas barriales- emprendieron prácticas económicas de características semejantes –microemprendimientos, cooperativas de producción y consumo, servicios solidarios, mutuales. Y estas prácticas económicas, aunque en sentido estricto no son prácticas de lucha, tejen el imprescindible tejido social sobre el que descansan dichas prácticas de lucha y, en consecuencia, pueden ser consideradas en un sentido más amplio como parte integrante de este ascenso de las luchas sociales (véase, por ejemplo, Almeyra 2004). Pero es muy importante en este punto añadir que, en el caso de los clubes de trueque, sus fundadores y promotores más comprometidos consideraban además que su práctica económica estaba dotada de una dimensión utópica que trascendía la mera reproducción de los prosumidores involucrados, en la medida en que instituía relaciones económicas distintas de las mercantiles. 19/
No podemos detenernos aquí en las características de esta utopía o, si se prefiere, de los vínculos que estas relaciones económicas diferenciadas guardarían con las relaciones mercantiles en esta utopía: la actividad del trueque aparece a veces como generadora de iniciativas capitalistas en condiciones económicas adversas (el trueque como “incubadora de empresas”), como integrante de un sector diferenciado aunque en convivencia con los sectores privado y público capitalistas (el trueque como “sector de la economía social”) o incluso, a veces, como alternativa a las relaciones económicas capitalistas (en una suerte de proyecto neo-proudhoniano de supresión de estas relaciones económicas capitalistas mediante la supresión del dinero). Alcanza, en cambio, con constatar la existencia de esta dimensión utópica.
Puede objetarse, en segundo lugar, que si esta práctica del trueque desafiaba en algún sentido las relaciones sociales capitalistas, lo hacía en su calidad de relaciones mercantiles antes que en su calidad de estatales, de manera que no debería considerarse como una práctica dotada de una dimensión política, en el sentido en que la definimos nosotros mismos antes. Así es también en este caso. Adviértase que la constatación de una dimensión utópica, en una práctica, no equivale a la constatación de una dimensión política (ya en el viejo proudhonianismo, que en este sentido era cercano al fourierismo y otras escuelas anteriores, ambas cosas eran distintas). El movimiento de los clubes de trueque mantuvo relaciones incomparablemente menos conflictivas con el estado y el mercado capitalistas que cualquiera de los otros movimientos que hemos considerado pero, si cuestionó a alguno de ambos, fue al mercado. La respuesta del estado al trueque fue bastante tolerante. Algunos niveles lo reconocieron y apoyaron activamente, como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que realizó jornadas de trueque conjuntas, o varias municipalidades del interior, que aceptaron el pago de impuestos en créditos. Los poderes legislativos nacional y bonaerense, además, intentaron enmarcar legalmente el trueque mediante proyectos de ley que en líneas generales resultaban favorables. Los empresarios y especialmente los comerciantes, en cambio, resistieron en alguna medida la “competencia desleal” que implicaba la generalización del trueque (véase Hintze 2003). Pero debemos recordar que nosotros estamos valiéndonos aquí de este ejemplo del trueque para discutir una orientación política que se caracteriza por un rechazo ingenuo de cualquier noción que recuerde la dimensión global de las relaciones sociales capitalistas. Y esta noción puede ser, indistintamente, la de estado o la de mercado. Las mencionadas pretensiones de que las organizaciones de desocupados se sostuvieran sin recibir subsidios del estado o las empresas recuperadas sin vender mercancías en el mercado, entonces, equivalen plenamente a esta pretensión de que los clubes de trueque instituyeran un espacio de relaciones económicas ajenas al mercado.
El destino de los clubes de trueque, en consecuencia, no es ajeno al destino que aguardó o aguardaría a cualquier otra iniciativa guiada por semejante orientación. La única especificidad de los clubes de trueque es que ejemplificaron ese destino de una manera mucho más dramática que otros movimientos: ninguno alcanzó semejante masividad (al menos unos dos millones y medio de miembros a mediados de 2002) y, a la vez, ninguno desapareció con semejante rapidez (se esfumó casi completamente en 2003). Este destino de los clubes de trueque fue aleccionador. Los créditos emitidos por los clubes tenían como patrón de valor en los hechos a la moneda capitalista, las relaciones cuantitativas entre los bienes trocados en los clubes remitían en los hechos al sistema de precios vigente en el mercado capitalista, los clubes quedaron así sometidos en los hechos a procesos inflacionarios... El mercado es un cuestionable mecanismo de asignación del trabajo social, ciertamente, pero la institución de supuestas “zonas donde la vida no está regida por el capitalismo” no es alternativa alguna.
Veamos ahora este problema en un mayor nivel de abstracción. El problema básico reside en que la autonomía política de las organizaciones y las luchas sociales no puede concebirse como ausencia de relaciones con el estado (o el mercado), sino como una relación de antagonismo respecto del estado (y el mercado). La diferencia entre las dos concepciones de la autonomía implícitas aquí merecería reflexiones que exceden enormemente los límites de este artículo. Solamente vamos a decir, valiéndonos de una terminología que acaso parezca un poco abstracta pero que rinde cuenta de la esencia de aquella diferencia, que esta diferencia es la existente entre un concepto positivo y uno negativo de la autonomía. 20
El primero es el concepto correspondiente a la ilusión de que las organizaciones y las luchas sociales pueden crear espacios autónomos, en el sentido de espacios ajenos a esas relaciones sociales capitalistas que asumen la forma de estado y mercado, y en su caso ampliar continuamente esos espacios hasta convertirlos en una alternativa a las relaciones sociales capitalistas en su conjunto. Esta ilusión conduce, a corto plazo, al aislamiento de las organizaciones y las luchas sociales en cuestión y, a mediano plazo, a su desarticulación o a su integración por parte del estado y/o el mercado capitalistas. El segundo es un concepto mucho más realista, aunque correspondiente a una perspectiva mucho menos reconfortante, a saber, una perspectiva de antagonismo respecto del estado y el mercado capitalistas. La autonomía no es un atributo positivo de ciertas relaciones sociales supuestamente no-capitalistas, sino un emergente de la negación de las relaciones sociales capitalistas realmente existentes en la lucha de clases. Esto explica, por ejemplo, el hecho, suficientemente reconocido ya por el movimiento europeo de los consejos obreros de la década del veinte, de que cualquier situación de doble poder es inestable.
Es muy peligroso para las organizaciones que asumen la autonomía respecto del estado como una dimensión política importante de sus prácticas de lucha social, por consiguiente, concebir su relación con ese estado en términos de éxodo o fuga, en lugar de concebirla en términos de enfrentamiento. Los últimos escritos de A. Negri y M. Hardt ofrecen las mejores versiones de este peligroso desplazamiento. “Mientras en la era disciplinaria, la noción fundamental de la resistencia era el sabotaje, en la era del control imperial esa noción básica pasa a ser la deserción” (Negri y Hardt 2002: 190-1).
Así Negri y Hardt, en rigurosa correspondencia con su abandono de la dialéctica (y de la centralidad que reviste la negación en su seno) y su reemplazo por el posestructuralismo (y su afirmación de las diferencias) (véase Bonnet 2007a), abrazan consecuentemente ese concepto positivo de autonomía que criticamos. También algunos escritos recientes de J. Holloway parecen sugerir este peligroso desplazamiento, aunque en este caso entrando en tensión con un concepto negativo de autonomía de origen dialéctico (véase 2002, especialmente XI). La perspectiva de Holloway resulta, entonces, mucho más matizada. “La mayoría de nosotros no puede evitar tener contactos con el estado (…).
Esto puede deberse al hecho de nuestro empleo, o porque dependemos de algún subsidio estatal para desempleados o, simplemente, porque utilizamos los transportes públicos. La cuestión es cómo manejamos ese contacto y las contradicciones que le son inherentes. (…) Al trabajar en el estado (o cualquier otro empleo) estoy comprometido activamente en la reproducción del capital, pero, a pesar de ello, trato de luchar contra la forma estado para reforzar el impulso a la autodeterminación. Vivir en el capital significa que vivimos en medio de la contradicción: es importante reconocer estas contradicciones antes que barrerlas debajo de la alfombra con un pero también. Es importante comprender nuestro contacto con el estado en estas situaciones como un movimiento dentro-y-en-contra del estado, como un movimiento dentro-y-en-contra-ymás-allá de las formas de las relaciones sociales que conlleva la existencia del estado” (2006: 24). 21
3.2. Retomando nuestra tipología de las relaciones entre las luchas sociales y el estado tenemos, en segundo lugar, luchas sociales que, aún cuando a veces asuman cierta autonomía como una dimensión política importante, se orientan explícitamente hacia la conquista del poder de estado –y, eventualmente, llegan a conquistar porciones de ese poder de estado. Adviértase que esto no incluye cualesquiera prácticas orientadas hacia la conquista del poder de estado. No incluye, por ejemplo, la práctica política de partidos o coaliciones de partidos de centroizquierda que aspiran a acceder o acceden de hecho al gobierno por la vía electoral, como son los casos de los triunfos del Partido dos Trabalhadores en Brasil en 2002 o del Encuentro Progresista – Frente Amplio en Uruguay en 2004, pues en estos casos esa conquista del poder de estado no resulta tanto de un ascenso de las luchas sociales como de un mero triunfo en las elecciones. Puede aducirse, con razón, que la frontera entre estas victorias de fuerzas de centroizquierda y las del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia en 2003 o del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) en Ecuador en 2004 no son tajantes: también detrás de aquellas existían luchas sociales (en las tradiciones de la CUT brasileña o el PIT-CNT uruguayo, por ejemplo) y tampoco estas últimas dejaron de ser electorales.
Pero sigue siendo claro que estas victorias, a diferencia de aquellas, fueron expresiones mucho más directas de un ascenso inmediatamente anterior de las luchas sociales. Y demás está decir que tampoco puede incluirse en este tipo la práctica política de partidos o coaliciones de partidos que, si bien aspiran a acceder o acceden de hecho al gobierno por la vía electoral en medio de un ascenso de las luchas sociales, no guardan relación alguna con dicho ascenso. Tal es el caso de la victoria del Partido Justicialista (PJ), en su fórmula encabezada por Kirchner, en las elecciones de 2003 en Argentina. En efecto, el ascenso de Kirchner y el rumbo posterior de su administración son inexplicables sin la referencia a la crisis política desataba por la insurrección de diciembre de 2001 como telón de fondo. Pero esto no implica que deben considerarse como expresiones directas del ascenso de las luchas sociales que culminó en dicha insurrección, sino que implica en este caso que constituyen una suerte de reacción reformista contra ese ascenso (véase Bonnet 2007c). La administración provisional de Duhalde y más tarde la administración electa de Kirchner condujeron la recomposición de la dominación política impugnada en esa insurrección de diciembre. Téngase en cuenta en este sentido que, a diferencia del MAS boliviano o del MUPP ecuatoriano, el PJ argentino no sólo no había liderado el ascenso de las luchas sociales que culminó en esa insurrección de diciembre, sino que la exigencia de que se vayan todos! esgrimida durante la misma se dirigió en primera línea a ese mismo PJ. 22
En este sentido, justamente, parece más dificultoso encontrar expresiones de este segundo tipo de luchas sociales en Argentina, pues el ascenso de las luchas sociales de la segunda mitad de los noventa no condujo a la conquista del poder de estado por parte de ninguna de las organizaciones que lo protagonizaron. Pero este hecho no impide que podamos identificar ejemplos de luchas sociales que se orientaron hacia esa conquista del poder de estado. Tales ejemplos serían innumerables si tuviéramos en cuenta todas las luchas encaradas por las organizaciones que incluyen en sus programas, de alguna manera, la meta de acceder al gobierno, pero vamos a restringirnos a aquellas que implementaron efectivamente alguna estrategia para alcanzar esa meta.
En efecto, tenemos, por una parte, varios partidos de izquierda que enarbolaron, en la cúspide del ascenso de las luchas sociales hacia fines de 2001 y comienzos de 2002, un discurso de conquista del poder de estado por vía revolucionaria. La exigencia de que las organizaciones protagonistas de ese ascenso convocaran a una Asamblea Constituyente dominó ese discurso. “Luchando por la Constituyente –lo que equivale, insistimos, a la única forma de luchar por el poder en las actuales condiciones-, las propias asambleas populares o piqueteras se convierten en una herramienta de poder de los explotados” sostenía, por ejemplo, un periódico de izquierda en aquella coyuntura. 23
Pero la enunciación de tales discursos, que simplemente intentaban replicar el discurso de los bolcheviques rusos en 1917: ¿implica que estos partidos encararon efectivamente una estrategia revolucionaria acorde o, simplemente, que intensificaron su agitación aprovechando la coyuntura? La no-concordancia entre la enunciación de tales discursos y las otras prácticas políticas de esos mismos partidos avalaría más bien esta última alternativa (véase Compagno y Belbo 2003). Y, si es así, la enunciación de semejantes discursos dice muy poco acerca de las relaciones entre las luchas sociales dirigidas por estos partidos de izquierda y el estado.
Pero también tenemos, por otra parte, varias organizaciones que emprendieron un camino más reformista hacia ese poder de estado, a saber, las organizaciones que se acercaron a la administración provisional de Duhalde y/o que se integraron a la electa de Kirchner. Los ejemplos más importantes son, en primer lugar, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV, integrante de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA), la organización piquetera más masiva, y, en segundo lugar, el Movimiento Barrios de Pié (MBP, surgido originariamente de la Corriente Patria Libre, CPL), dos organizaciones básicamente piqueteras. Sin embargo, este modo relacionarse con el estado, durante la administración kirchnerista, también signó a otras organizaciones más pequeñas. La estrategia de estas organizaciones parte de la caracterización de esa administración kirchnerista como un “gobierno en disputa” y consiste en ocupar posiciones dentro de la misma para inclinar esa disputa en favor de los sectores más progresistas (el “proyecto nacional y popular”) y contra los más reaccionarios (la “derecha pronorteamericana”). 24
Esta estrategia descansa, naturalmente, en una concepción ingenua del estado capitalista como una arena de disputa política neutra que proviene, en nuestro caso en particular, del populismo. Y conduce a una fuerte integración que pone en peligro la autonomía de estas organizaciones y de las luchas sociales que protagonizan ante al estado. Tengamos en cuenta sin más que los principales dirigentes de masas de ambas organizaciones ocuparon simultáneamente cargos en el gobierno de Kirchner –y cargos estrechamente vinculados, además, con su calidad de dirigentes piqueteros: L. D´Elía, jefe de la FTV, como Secretario de Tierras para el Hábitat Social (dependiente del Ministerio de Planificación Federal a cargo de J. De Vido) y J. Ceballos, jefe del MBP, como Director Nacional de Asistencia Comunitaria (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de A. Kirchner). 25
Y esa fuerte integración en el estado dejó su impronta en las prácticas de lucha social de ambas organizaciones. Recordemos que estas organizaciones provienen de largos años de enfrentamiento con un estado que, en manos de administraciones neoconservadoras, empujaba a la oposición a todas las organizaciones sociales sin distinciones. Pero las oportunidades de integración a ese estado que inauguraron las nuevas administraciones, más populistas, modificaron sensiblemente su patrón previo de movilización, desmovilizándolas en relación con su trayectoria anterior de enfrentamiento con los gobiernos neoconservadores y movilizándolas en apoyo a estos nuevos gobiernos. Las luchas sociales protagonizadas por estas organizaciones fueron quedando así cada vez más subordinadas al estado capitalista. Vale la pena recordar, en este sentido, el papel de la FTV en los bloqueos de estaciones de servicio durante el primer conflicto del gobierno con Shell (marzo de 2005) o el de la FTV y el MBP en la Anti-Cumbre de Chavez organizada por el gobierno en Mar del Plata (octubre de 2005). Se inició entonces un proceso tendiente a convertir a estas organizaciones sociales en auténticas fuerzas de choque del gobierno, que culminó durante el conflicto entre el gobierno y la burguesía agraria registrado entre marzo y julio de 2008: en sus acciones represivas ante este conflicto, el gobierno combinó el empleo de fuerzas de seguridad regulares (como en el despeje de ruta por la Prefectura en San Pedro el 29 de marzo o las detenciones por la Gendarmería en Gualeguaychú el 14 de junio) con el empleo de organizaciones sociales como fuerzas de choque irregulares (como sucedió en el ataque del Movimiento Evita y la FTV a los manifestantes de Plaza de Mayo el 25 de marzo). Esta conversión de organizaciones sociales en fuerzas de choque a las órdenes del gobierno equivale a su más profunda degradación. Si, en un extremo, las sesiones de una asamblea barrial enseñan que no se requiere la burocracia del estado capitalista para manejar los asuntos comunes del barrio o el trabajo en una empresa recuperada enseña que no se necesita del gerente capitalista para producir colectivamente, la manipulación de organizaciones sociales como fuerzas de choque del gobierno, en el otro extremo, ratifica desde abajo la convicción burguesa de que los trabajadores, lejos de ser un sujeto capaz de emanciparse a sí mismo, es una masa de maniobra a su servicio. Si aquellas experiencias representan una promesa de autonomía respecto del estado, estas representan una condena a la heteronomía.
Ahora bien, la explicación crítica más extendida acerca de la práctica de estas organizaciones sociales descansa en la noción de cooptación: los dirigentes piqueteros en cuestión e indirectamente sus organizaciones habrían sido cooptados por el gobierno mediante cargos y partidas presupuestarias para asistencia social. Y esta cooptación desempeña, ciertamente, un papel en la explicación de esta práctica. Pero creemos que no alcanza para explicarla sin resto y, en consecuencia, puede dejar en las sombras ciertos aspectos muy importantes de esa práctica. Cortés (2007) señala con razón que la noción de cooptación es insuficiente porque supone una mera actitud pasiva por parte de los dirigentes y organizaciones que serían objeto de esa cooptación. Y añade que, por el contrario, la ideología política previa de estos “movimientos piqueteros oficialistas” coincidía en los hechos con la ideología que más tarde esgrimiría la administración kirchnerista para legitimarse. No sólo hubo cooptación, en pocas palabras, sino también coincidencia ideológica. En efecto, la propia noción de un gobierno burgués en disputa y su noción correlativa, aunque implícita, de un estado capitalista como arena neutra en la que se dirime esa disputa, son parte integrante de una misma ideología “nacional y popular” que tanto el gobierno como los piqueteros oficialistas comparten. Estos grupos piqueteros integran, justamente, esa porción del movimiento piquetero que había sido clasificada como su vertiente sindical (Schuster 2004) y caracterizada por su ideología populista de matriz peronista o nacionalista de izquierda (Svampa y Pereyra 2004).
Pero esta tendencia de las luchas sociales hacia su integración en el estado no se reduce ni a los piqueteros oficialistas, por una parte, ni a la administración kirchnerista, por la otra. Siempre en el ámbito del movimiento piquetero, el ascenso del kirchnerismo no impactó solamente en esas organizaciones pertenecientes a su vertiente sindical y caracterizadas por su ideología populista. Impactó asimismo muy profundamente en las otras vertientes: determinó la desarticulación de la mencionada CTD Aníbal Verón, la coordinadora que representaba a la vertiente autónoma y con una ideología de nueva izquierda, e impuso un retroceso significativo al Polo Obrero y otras organizaciones menores de la vertiente partidaria y con una ideología de izquierda más tradicional. Para citar apenas un ejemplo: uno de los principales dirigentes de la mencionada UTD de Gral. Mosconi, una organización considerada como uno de los máximos referentes de la posición autónoma (J.C. Hippie Fernandez), se presentó en las elecciones de 2007 como candidato a intendente de la ciudad por una agrupación que respaldaba a un candidato a gobernador kirchnerista (el Movimiento Regional del Pueblo, que respaldaba la fórmula W. Wayar – J. David, del FREJUVI). Y, además, algunas organizaciones recorrieron caminos de integración al estado no trazados por el kirchnerismo: el dirigente más importante de la también citada UTD de La Matanza, organización pionera considerada por muchos con el máximo exponente de la posición autónoma a raíz de su decisión de no recibir subsidios de desempleo del estado (H. Toty Flores), se presentó en esas elecciones de 2007 como candidato a diputado nacional de la Provincia de Buenos Aires en la lista de la Coalición Cívica de E. Carrió. Aunque esto último es mucho menos significativo. Muy significativa resultó, en cambio, la capacidad de la administración kirchnerista para integrar a las organizaciones y las luchas sociales. Y, si hiciéramos extensiva nuestra anterior explicación de esta integración a las organizaciones y luchas sociales que, sin ser propiamente integradas, fueron desarticuladas y/o neutralizadas por esa administración kirchnerista, deberíamos preguntarnos en qué medida esa ideología “nacional y popular” no era secretamente compartida por porciones más amplias del movimiento. Pero responder a esta pregunta escapa a los límites de este trabajo.
Es importante aclarar, antes de seguir avanzando, que del análisis de ejemplos de organizaciones y luchas sociales como estos no pueden extraerse conclusiones generales y definitivas acerca de los desafíos que enfrenan las organizaciones y luchas que se orientan explícitamente hacia la conquista del poder de estado en su conjunto. Esto es así porque, recordemos, a diferencia de las administraciones del MAS en Bolivia o del Pachakutik en Ecuador, la actual administración del PJ en Argentina no es expresión directa de las luchas sociales –y además, las organizaciones sociales que se integraron en esta administración tienen un peso político en la misma completamente insuficiente como para incidir en su rumbo. Aquí no hay, pues, organizaciones sociales que hayan alcanzado, ni siquiera muy parcialmente, esa meta de conquistar el poder de estado. En pocas palabras, el peligro de integración en el estado acecha potencialmente a cualquier organización que se oriente explícitamente hacia la conquista del poder de estado –y este peligro se actualiza cuando eventualmente llega a conquistar porciones de ese poder de estado. Pero este peligro es inversamente proporcional a la madurez política previa –entendida en sentido amplio: su inserción social, su solidez organizativa, su radicalidad ideológica- de la organización en cuestión. 26
3.3. En tercer lugar, finalmente, tenemos las luchas sociales protagonizadas por organizaciones montadas directamente por el estado. No vamos a detenernos demasiado en la relación entre estas luchas y organizaciones sociales y el estado porque es mucho más sencilla de analizar. Estas luchas y organizaciones sencillamente dependen del propio estado capitalista. Los Círculos Bolivarianos y otras organizaciones de base montadas por el gobierno de H. Chávez en Venezuela, desde su ascenso en 1999, son un ejemplo paradigmático. Pero este tipo plenamente estatalizado de las organizaciones y las luchas sociales también encuentra su expresión en nuestro medio. Esto se debe a las peculiaridades del ascenso de la administración kirchnerista, más exactamente, al hecho de que Kirchner, si bien contó con suficiente apoyo potencial como para ascender a la presidencia, enfrentó la necesidad de actualizar ese apoyo en un consenso más o menos duradero que le permitiera ejercer esa presidencia (véase nuevamente Bonnet 2007c).
Este hecho condujo al presidente y a su círculo más íntimo a armar un complejo rompecabezas con organizaciones sociales y políticas muy diversas que respaldaran su administración. Algunas de estas tienen un formato semejante al de otras organizaciones sociales pero, a diferencia de las provenientes del ascenso de las luchas que culminó en la insurrección de diciembre de 2001, fueron organizadas desde el propio estado o, por lo menos, alcanzaron un mínimo de inserción gracias al apoyo de ese estado. El propio MBP antes mencionado podría ser considerado, en parte, como ejemplo de este tipo, pero un ejemplos más claro es el del Movimiento Evita. 27
Este movimiento, dirigido por E. Pérsico y E. Depetri, ambos diputados nacionales, en efecto, fue creado directamente para apoyar al kirchnerismo después de las elecciones legislativas de 2005. Agreguemos solamente que, para estas organizaciones y luchas sociales, valen con creces nuestras anteriores consideraciones acerca de las organizaciones y luchas orientadas hacia la conquista del poder de estado. La integración en el estado es prácticamente inevitable en estas organizaciones montadas directamente por el estado. Este hecho justifica que sean consideradas por separado -pero, a su vez, les resta interés.
4. A manera de conclusión
En estas páginas intentamos avanzar en el análisis de la dimensión política de las luchas sociales emergentes de la metamorfosis en el modo de desenvolvimiento de la lucha de clases que se registró durante la segunda mitad de la década de los noventa y, particularmente, en el ascenso de las luchas que culminó en la insurrección que clausuró dicha década. Y nos centraremos para hacerlo, más específicamente, en las relaciones que mantienen esas luchas sociales con el estado. Reflexionamos, por una parte, sobre una serie de desafíos teóricos que plantea el análisis de dichas relaciones; propusimos, por otra parte, una tipología de esas relaciones y de los problemas que las atraviesan en cada caso.
Pero, en esta conclusión, no vamos a volver sobre nuestros pasos. Preferimos, en cambio, retomar el concepto de autonomía que empleamos, sin mayores aclaraciones, a lo largo de estas páginas. Este concepto de autonomía no sólo nos sirvió para examinar la manera específica en que ciertas organizaciones y luchas sociales se relacionan con el estado, sino también como guía para el conjunto de nuestro análisis de la dimensión política de las luchas sociales. Podemos justificar sumariamente este empleo mediante la conjetura de que cierta tendencia hacia la autonomía política caracteriza a las organizaciones y las luchas sociales recientes en su conjunto, no solamente en el caso argentino sino también en el latinoamericano en su conjunto (Ouviña 2004 y 2008). El de autonomía sería así una suerte de concepto particular y universal a la vez, que sirve para conceptualizar algunas luchas sociales específicas y, a la vez, para conceptualizar el ciclo entero de la lucha de clases en el que se inscriben. Podemos añadir también que, a la luz de los ejemplos de luchas sociales que hemos venido analizando, parece advertirse un punto de inflexión en la relación de esas luchas sociales con el estado alrededor de la insurrección de diciembre de 2001. Parece registrarse una tendencia general hacia una creciente autonomía de esas luchas sociales respecto del estado desde mediados de la década del noventa hasta el 2001, pero también una reversión de dicha tendencia desde el 2001 hasta el presente. Esta inflexión puede conceptualizarse de la siguiente manera: en el primer momento se registra una creciente crisis de dominación (que culmina precisamente en la insurrección de diciembre de 2001) y en el segundo una parcial recomposición de esa dominación (desde mediados de 2002 en adelante). Y el grado de autonomía de las luchas sociales respecto del estado es inversamente proporcional a la solidez de la dominación que ese estado articula. Pero creemos que, más allá de esta distinción entre momentos y de aquellas diferencias entre distintas luchas sociales que ya analizamos, es razonable conjeturar que se registra un mayor grado de autonomía de las luchas sociales respecto del estado capitalista en este nuevo modo de desenvolvimiento de la lucha de clases que en el precedente. Esta conjetura parece consistente, además, con el análisis de muchas luchas sociales importantes desarrolladas a escala latinoamericana e incluso mundial. A esto apuntamos cuando conjeturamos una tendencia hacia la autonomía política.
Referencias
AAVV (2002): ¿Qué son las asambleas populares?, Bs.As., Continente – Peña Lillo.
AAVV (2003): Movimientos sociales emergentes en la Argentina. Asambleas: la politización de la sociedad civil, Bs.As., UNGSM – J.Baudino.
AAVV (2006): “La Otra Campaña. Debate”, en Bajo el volcán 10, Puebla, ICSyH – BUAP.
Almeyra, G. (2004): La protesta social en la Argentina (1990-2004), Bs.As., Peña Lillo / Ediciones Continente.
Armelino, M. (2004): Algunas diferencias al interior del campo popular: la experiencia reciente de la CTA y la FTV, Informe final del concurso Poder y nuevas experiencias democráticas en América Latina y el Caribe, Programa Regional de Becas
FLACSO 2004, www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar.
Bonnet, A. (2002): “Que se vayan todos. Crisis, insurrección y caída de la convertibilidad”, en Cuadernos del Sur 33, Bs. As. Bonnet, A. (2007ª): “Antagonismo y diferencia: la dialéctica negativa y el posestructuralismo ante la crítica del capitalismo contemporáneo”, en J. Holloway, F. Matamoros y S. Tischler (comps.): Negatividad y revolución. Theodor W. Adorno y la política, Bs.As., Herramienta.
Bonnet, A. (2007b): “Imperio, estado y capital. El estado en los escritos mas recientes de A. Negri y J. Holloway”, en Thwaites Rey (2007).
Bonnet, A. (2007c): “Kirchnerismo: el populismo como farsa”, en Periferias. Revista de Ciencias Sociales 14, Bs. As., FISyP.
Bonnet, A. (2008): La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001, Bs. As., Prometeo, en prensa
Bonnet, A. (2009): “Las relaciones con el estado en las luchas sociales recientes. Un planteo del problema a partir de la experiencia argentina”, en Bonnet y Piva (2009).
Bonnet, A. y Piva, A. (comps.) (2009): Argentina 2001. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis, en prensa.
Caetano, G. (2006) (comp.): Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina, Bs. As., CLACSO.
Carpintero, E. / Hernández, M. (comps.) (2002): Produciendo realidad. Las empresas comunitarias, Bs.As., Topía.
Colectivo Situaciones (2001a): El MTD de Solano, Bs. As., De mano en mano.
Colectivo Situaciones (2001b): Contrapoder. Una introducción, Bs. As., De mano en mano.
Colectivo Situaciones (2002a): 19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social, Bs. As., De mano en mano.
Colectivo Situaciones (2002b): La hipótesis 891. Más allá de los piquetes, Bs. As., De mano en mano.
Compagno, Matías y Belbo, Andrés (2003) "A un año y medio de las jornadas de diciembre", en La maza 5, Bs. As.
Cortés, M. (2007): Movimientos sociales y Estado en Argentina: entre la autonomía y la institucionalización, Informe Final de Beca FISyP - CCC, Bs. As., mimeo.
Díaz Muñoz, M. (2005): Orden, represión y muerte. Diario de la criminalización de la protesta en Salta, 1995-2005, Bs. As., Tierra del Sur – La Rabia.
Fajn, G. (coord.): Fábricas y empresas recuperadas. Protesta social, autogestión y ruptura en la subjetividad, Bs.As., Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación.
Farinetti, M. (1999): “¿Qué queda del ´movimiento obrero´? Las formas del reclamo laboral en la nueva democracia argentina”, en Trabajo y Sociedad 1, Bs. As., ASET.
Guerrero, M. E. (2002): “Emergencia y desafíos de las asambleas barriales”, en Herramienta 19, Bs. As.
Heller, P. (2003): “Fábricas ocupadas y gestión obrera”, en En defensa del marxismo 30, Bs. As.
Hintze, S. (ed.) (2003): Trueque y economía solidaria, Bs.As., Prometeo – UNGS.
Hirsch, J. (2003): “Poder y anti-poder. Acerca del libro de John Holloway ‘Cambiar Edmundo sin tomar elpoder’”, en Cuadernos del Sur 35, Bs. As.
Holloway, J. (2002): Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy, Bs. As., Herramienta / ICSyH-BUAP.
Holloway, J. (2006): Contra y más allá del capital. Reflexiones a partir del libro “Cambiar el mundo sin tomar el poder”, Bs. As., Herramienta / ICSyH-BUAP. Holloway, J.; Matamoros Ponce, F. y Tischler, S. (2008): Zapatismo. Reflexión teórica y subjetividades emergentes, Bs. As., Herramienta / ICSyH-BUAP.
Iñigo Carrrera, N. (2001): “Las huelgas generales, Argentina 1983-2001: un ejercicio de periodización”, en PIMSA 2001 Documentos y Comunicaciones 32, Bs.As.
Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2000): “La protesta social en los 90. Aproximación a una periodización”, en PIMSA 2000 Documentos y Comunicaciones 27, Bs.As.
Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2006): “Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de Diciembre de 2001 en Argentina”, en Caetano (2006).
Korol, C. (comp.) (2005): Obreros sin patrón. Sistematización d ela experiencia de los obreros y obreras de Zanón, Bs. As., América Libre / Ediciones Madres de Plaza de Mayo.
Korol, C. (comp.) (2006): Mosconi: cortando las rutas del petróleo. Sistematización de la experiencia de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi, Bs. As., América Libre / Ediciones Madres de Plaza de Mayo.
Martínez, J. (2002): “Fábricas Ocupadas y gestión obrera directa. Apuntes para una reflexión histórica y teórica”, en Lucha de Clases 1, Bs. As.
Negri, T. (1992): “Interpretation of the class situation today: methodological aspects”, en W. Bonefeld, R. Gunn y K. Psychopedis (eds.): Open Marxism II, Londres, Pluto Press.
Negri, A y Hardt, M. (2002): Imperio, Bs. As., Paidós. Ouviña, H. (2002): “Las asambleas barriales: apuntes a modo de hipótesis de trabajo”, en Theomai (número especial), Bernal, UNQ.
Ouviña, H. (2004): “Zapatistas, piqueteros y sin tierra. Nuevas radicalidades políticas en América Latina”, en Cuadernos del Sur 37, Bs. As.
Ouviña, H. (2008): “La autonomía urbana en territorio argentino. Apuntes en torno a la experiencia de las asambleas barriales, los movimientos piqueteros y las empresas recuperadas, en Modonesi, M.; Albertani, C. y Rovira, G. (comps.) (2008): La autonomía posible. Reinvención de la política y emancipación, México, Editorial de la UACM (también incluido en Bonnet y Piva (2009).
Palomino, H. (2004): “La Argentina hoy –los movimientos sociales”, en Herramienta 27, Bs. As.
Piva, A. (2009): “Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001”, en Bonnet y Piva (2009).
Rauber, I. (2002): Piquetes y piqueteros en la Argentina de la crisis, en www.cordobanexo.com.ar.
Rebón, J. (2004): Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las empresas recuperadas, Bs. As., PICASO – La rosa blindada.
Rebón, J. / Saavedra, I. (2006): Empresas recuperadas. La autogestión de los trabajadores, Bs. As., Capital intelectual.
Rodriguez Garavito, C. A., Barrett, P. S. y Chavez, D. (eds.) (2005): La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura, Bogotá, Norma.
Schuster, F. (2005): “Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva”, en Schuster, F.; Naishtat, F.; Nardacchione, G. y Pereyra, S. (2005).
Schuster, F. y Pereyra, S. (2001): “La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política”, en N. Giarraca y colaboradores: La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país, Bs. As., Alianza.
Schuster, F., Pérez, G.; Pereyra, S.; Armesto, M.; García, A.; Natalucci, A.; Vázquez, M.; y Zipcioglu, P. (2006): Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003, Documento de Trabajo 48, Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS-UBA.
Schuster, F.; Naishtat, F.; Nardacchione, G. y Pereyra, S. (comps.) (2005): Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en Argentina contemporánea, Bs. As., Prometeo.
Scribano, A. (1999): “Argentina ‘cortada’: cortes de ruta y visibilidad social en el contexto del ajuste”, en M. López Maya (ed.): Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste, Caracas, Nueva Sociedad.
Stolowicz, B. (ed.) (1999): Gobiernos de izquierda en América Latina. El desafío del cambio, México, Plaza y Valdés.
Svampa, M. / Pereyra, S. (2003): Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras, Bs.As., Biblos.
Thwaites Rey, M. (2004): La autonomía como búsqueda, el estado como contradicción, Bs. As., Prometeo.
Thwaites Rey (comp.) (2007): Marxismo y Estado. Un siglo y medio de debates, Bs. As., Prometeo. Thwaites Rey, M. y Mattini, L. (2003): “La autonomía como mito y como posibilidad” y “Autogestión productiva y asambleismo”, debate en Cuadernos del Sur 36, Bs. As.
Tischler, S. (2005) Memoria, tiempo y sujeto, Guatemala, ICSI-BUAP y F&G Editores.
Trinchero, H. H. (dir.) (2003): Informe del relevamiento entre empresas recuperadas por los trabajadores, Bs. As., Programa Facultad Abierta, SEUBE-FFyLUBA, mimeo.
Trinchero, H. H. (dir.) (2004): Las empresas recuperadas en la Argentina. Informe del segundo relevamiento entre empresas recuperadas por los trabajadores, Bs. As., Programa Facultad Abierta, SEUBE-FFyL-UBA, mimeo.
Zibechi, R. (1999): La mirada horizontal. Clase, capitalismo y poder, Montevideo, Nordam.
Zibecchi, R. (2003): Genealogía de la revuelta, La Plata-Montevideo, Letra libre-Nordan.
1 Ya realicé un análisis más o menos pormenorizado de esos cambios (véase Bonnet 2008: VI; también Piva 2009) y los discutí en “Una aproximación a la metamorfosis en el modo de desenvolvimiento de la lucha de clases en la Argentina de los 90”, XI Jornadas Interescuelas / Departamentos de Historia, UNT, San Miguel de Tucumán, 19-21/9/07.
2 - Como sostienen F. Schuster y otros investigadores del Grupo de Estudios de Protesta Social y Acción Colectiva (GEPSAC). Véase Schuster y Pereyra (2001), Schuster (2005) y Schuster, Pérez, Pereyra, Armesto, García, Natalucci, Vázquez y Zipcioglu (2006).
3 - Como afirman N. Iñigo Carrera y otros investigadores del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA). Véase Iñigo Carrera (2001) e Iñigo Carrera y Cotarelo (2000). Esta subestimación de la metamorfosis sufrida en el modo de desenvolvimiento de la lucha de clases durante los noventa vuelve incomprensible, a su vez, la insurrección que clausura la década. Véase en este sentido Iñigo Carrera y Cotarelo (2006).
4 - Una primera versión de este trabajo es “Las relaciones con el estado en las luchas sociales recientes: un planteo del problema”, Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos “Los movimientos sociales en América Latina. Pasado, presente y perspectiva”, UNMdP, Mar del Plata, 25-27/9/08. Y una versión más extensa se encuentra, aún en prensa, en Bonnet (2009).
5 - Este es un ejemplo privilegiado para ilustrar nuestro argumento, pues en este colectivo obrero neuquino se cruzan la experiencia de su propia intervención en el proceso de recuperación de empresas más importante registrado hasta la fecha (la de Cerámica Zanón) con la experiencia acerca de una de la intervenciones piqueteras más pioneras y radicales (los cortes y puebladas de Cutral-Có y Plaza Huicul). Pero no es un ejemplo aislado: véanse por ejemplo las posiciones adoptadas por los trabajadores de empresas recuperadas entrevistados por Rebón y Saavadra (2006: III) ante los desocupados, los cartoneros y los piqueteros.
6 - Aquí estoy haciendo extensiva al concepto de espacio la crítica, rigurosamente política, que Benjamín realizara al concepto del tiempo homogéneo y vacío. Y, en este punto, estoy en deuda con los excelentes análisis de S. Tischler (2005) del manejo zapatista del espacio y el tiempo.
7 - Aquí estoy asumiendo que son la explotación y la dominación capitalistas, y no las luchas sociales, las que carecen de creatividad y se ven forzadas a adaptarse al desenvolvimiento de la lucha de clases. Remito en este punto a la relación entre lucha de clases e innovación capitalista planteada por los autonomistas (véase, por ejemplo, Negri 1992), aunque no sin la mediación de las críticas que J. Holloway realizara a la tradición autonomista (véase Holloway 2002).
8 - La expresión judicialización suele usarse para designar la respuesta del estado ante las luchas sociales consistente en su procesamiento por el poder judicial (aunque a veces se hace un uso más extendido de esta expresión, aplicándose a otros sujetos). En este sentido, su significado no difiere demasiado de criminlización, porque esta judicialización de las luchas sociales implica la conversión de los luchadores en delincuentes y, en un extremo, en criminales. Las víctimas más notorias de esta criminalización fueron las organizaciones piqueteras (véase el caso de la citada UTD de Mosconi en Díaz Muñoz 2005), pero la recuperación de empresas tampoco estuvo exenta de ella. El mencionado ciclo de recuperaciones se cerró con varios actos represivos en 2004 (véase el segundo informe de Trinchero y colaboradores 2004).
9 - Podemos ilustrar cada una de estas posibilidades. La figura legal de “cooperativa de trabajo”, como veremos más adelante, se impuso entre las empresas recuperadas como la más adecuada entre las existentes para dotarlas de cobertura legal. Todas las empresas que fueron expropiadas, temporal o definitivamente, lo fueron por leyes de los parlamentos provinciales (o del porteño). El gobierno de Duhalde brindó apoyo técnico y asesoramiento legal a las empresas recuperadas a través del INAES (promoviendo así una agrupación de empresas afines, la FENCOOTER). El de Kirchner anunció asimismo una línea de créditos (que nunca otorgó) y creó un Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo (asesoramiento laboral, legal y organizativo, facilitación de créditos con otros organismos y apoyo técnico y económico no reembolsable). El parlamento nacional sancionó una nueva ley de quiebras que contempla que los colectivos de trabajadores en cooperativa de trabajo pueden comprar sus empresas igualando la mejor oferta y mediante acreencias laborales. La Ciudad de Buenos Aires sancionó 13 expropiaciones, ya definitivas, hasta mediados de 2004; La Rioja en cambio se opuso férreamente a la expropiación de Clínica Ados y desalojó a sus trabajadores (Rebón y Saavedra 2006: I; Fajn 2003: V).
10 - De las 87 relevadas por Fajn y su equipo (Fajn 2003: 161), el 93% optó por la cooperativa de trabajo, el 4,7% por convertirse en sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada y el 2,3% por convertirse en estatal bajo control obrero (pero recuérdese que Cerámicas Zanón, la más importante entre las empresas, se encuentra entre estas últimas). Por su parte, 58% de las 59 empresas recuperadas relevadas por Trinchero y su equipo (2003) había recibido apoyo del MNER (el MNFRT se escinde del MNER a comienzos de 2003, antes de que se realizara este relevamiento), mientras que sólo el 8% había recibido apoyo de los partidos de izquierda. Dos Encuentros Nacionales de Fábricas Ocupadas se realizaron en abril y septiembre de 2002, como un intento de organización de las empresas recuperadas bajo influencia de la izquierda.
11 - Estas razones ideológicas estaban tan reñidas con la realidad que, a menudo, razones de orden práctico se colaban en ellas incluso entre sus propios portavoces. C. Martínez, una de las obreras textiles de Brukman, decía en un reportaje: “Nosotros decidimos que no queremos ser dueños”, sostiene Celia para explicar que se incluye en la última opción [la estatización bajo control obrero]. “Creemos que no podemos tomar esa responsabilidad en medio de tanta crisis, y la verdad es que lo único que pedimos es mantener la fuente de trabajo para las 120 personas que estábamos acá.” (“Fábricas que fueron salvadas y administradas por sus obreros”, reportaje de L. Vales en Página 12, 29/3/02).
12 - Significativamente, el único caso exitoso de lucha por la estatización de una empresa, la de la Clínica Medrano conducida por el MST y sancionada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2003, concluyó en una estatización a secas, sin control obrero alguno.
13 - Algunos sectores de la izquierda partidaria percibieron este contrasentido (“La ´estatización´ está a contramano de la situación política revolucionaria creada a partir de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre”; Heller 2003), pero resultaron incapaces de superar las concepciones estatistas tradicionales y continuaron exigiendo modalidades encubiertas de estatización de las empresas recuperadas (subsidios no reintegrables del estado, salarios respaldados por un fondo compensador del estado, proveedores privilegiados del estado).
14 - El concepto de autonomía es polisémico (véanse Thwaites Rey 2004 y el debate Thwaites Rey y Mattini 2003). Aquí predicaremos la autonomía exclusivamente de las relaciones de las organizaciones y las luchas sociales con el estado.
15 - La Asamblea Interbarrial de Parque Centenario se organizó espontáneamente, con unos 300 miembros, a comienzos de enero de 2002 (cuando ya existían unas 23 asambleas en la ciudad) y alcanzó a mediados de febrero un pico de 3000 participantes (con más de 100 asambleas representadas). La posterior decadencia de esta Interbarrial respondió, en buena medida, a las disputas libradas en su seno entre algunos partidos de izquierda (se partió en abril de 2002, en medio de una disputa por los oradores para el acto a realizarse el 1 de Mayo: el PO acabaría encabezando un acto en Plaza de Mayo y el MST otro en el Obelisco), pero estos partidos también entraron en conflicto con grupos militantes independientes, algunos de ellos cercanos a las posiciones autonomistas que estamos examinando (en base a serie de artículos de Página 12 y a Guerrero 2002).
16 - Paradigmática de ese viraje hacia los barrios fue la jornada político-cultural organizada por la asamblea de Palermo Viejo, justamente en mayo de 2002, y su posterior ocupación del mercado local junto al MTD de La Matanza. Este viraje incluyó tomas de locales, actividades culturales y bibliotecas, proyectos comunitarios como comederos, merenderos, ayuda escolar, huertas y cooperativas, colaboración con empresas recuperadas y organizaciones piqueteras, etc. (véase Ouviña 2002). Tras este repliegue, a un año de su aparición, quedaban unas 220 asambleas en el país, de las cuales unas 50 se auto-denominaban “autónomas” (véanse los artículos de J. Hauser en Página 12 20/1, 20/9 y 22/12/03).
17 - Analicé estos problemas en Bonnet (2004). Los intelectuales a los que me refiero son los vinculados con el Colectivo Situaciones (véase especialmente 2001a y b y 2002 a y b) y Zibechi (1999 y véase especialmente 2003), entre otros.
18 - La organización de grupos más o menos estables para el trueque regular de bienes y servicios entre sus integrantes (los clubes de trueque) se inició a medidos de los noventa (fundación del Club de Trueque Bernal en mayo de 1995) y se multiplicó rápidamente, en particular durante la agudización de la crisis en 2001-02, alcanzando unos 5000 clubes. Algunos de estos clubes eran independientes, aunque la mayoría se agrupó en calidad de nodos de redes como la Red Global del Trueque y la Red del Trueque Solidario, y alcanzaron los 2.5 millones de prosumidores en 2002 (según datos del Centro de Estudios Nueva Mayoría). Pero en ese momento el movimiento entró en una profunda crisis y se estima que, hacia comienzos de 2003, ya había perdido el 90% de sus integrantes (de Hintze 2003).
19 - Véase en este sentido el código de comportamiento “Una declaración de principios de la Red Global del Trueque” (reproducido en Hintze 2003, anexo II, y en otras publicaciones), suerte de carta constitutiva esta red, la mayor de las redes de trueque, de 1996. El texto incluye principios claramente utópicos como que la realización de sus miembros como seres humanos no necesita estar condicionada por el dinero y que aspiran a ayudarse mutuamente a alcanzar un sentido de vida superior mediante el trabajo, la comprensión y el intercambio justo, a reemplazar la competencia estéril, el lucro y la especulación por la reciprocidad y los dictados del mercado, el consumo y la búsqueda de beneficio a corto plazo por normas éticas y ecológicas, etc. Véase asimismo el documento Reinventando el mercado. La experiencia de la Red Global de Trueque en Argentina, de H. Primavera, H. Covas y C. De Sanzo, de 1998.
20 - También en este punto estoy en deuda con algunas reflexiones recientes de S. Tischler acerca de las luchas sociales. Véase, en este caso, su intervención en Holloway, Matamoros Ponce y Tischler (2008).
21 - La expresión pero también empleada aquí por Holloway remite a una crítica que le formulara Hirsch (2003) en el sentido de reconocer la necesidad de la lucha por la autodeterminación respecto del estado, pero también de la lucha a través de ese estado (en Hirsch, que recupera así una estrategia del último Poulantzas). Véase, más ampliamente, cómo aparece este problema de la relación entre las luchas sociales y el estado en los escritos recientes de J. Holloway y A. Negri en Bonnet (2007b).
22 - Un segundo ejemplo que merece citarse, aunque sea al margen, es el que hubiera provisto un reconocimiento oficial del triunfo del Partido de la Revolución Democrática en las elecciones mexicanas de 2006: semejante victoria hubiera estado precedida de importantes luchas sociales, pero muy escasamente hubiera podido ser considerada como expresión directa de esas luchas, puesto que era La Otra Campaña zapatista antes que la campaña perredista la que encolumnaba a los sectores más combativos de la sociedad mexicana. Las cosas cambiaron, sin embargo, una vez perpetrado el fraude contra A. M. López Obrador y desatadas las movilizaciones contra el mismo.
23 - G. Solano: “Qué debaten las asambleas populares”, en Prensa Obrera 743, 28/2/02. La misma salida propusieron el MST, el PTS y otros partidos trotskystas, aunque sin dejar de delimitarse mutuamente: una asamblea “con poder”, reclamaba el PO; “libre y soberana”, el MST; “revolucionaria”, el PTS; y así sucesivamente. El MST, el único con representación en el parlamento, propuso además un gobierno provisorio encabezado por su diputada P. Walsh y L. Zamora. Ante el anuncio de elecciones presidenciales por parte de Duhalde, en septiembre de 2002, reiterarían estas posiciones. El Partido Comunista Revolucionario (PCR), la organización maoísta con mayor protagonismo en las luchas sociales a través de su Corriente Clasista y Combativa (CCC), convocó por su parte a la integración de un gobierno de unidad popular. El acercamiento posterior de este partido a la administración de Duhalde y, durante sus primeros meses, a la de Kirchner, sugiere que intentó concretar esta consigna mediante una estrategia de alianza con el justicialismo. Pero, en cualquier caso, su distanciamiento posterior respecto de esta última revela que habría dejado atrás esa estrategia. El Partido Comunista (PC), de escasa inserción, no parece haberse propuesto estrategia alguna.
24 - Estas expresiones provienen de declaraciones que realizó D´ Elía durante su enfrentamiento con el entonces Jefe de Gabinete A. Fernández en diciembre de 2006 (véase el reportaje “Para D´Elía, Alberto Fernández es parte de la ´derecha reaccionaria´”, en Página 12 4/12/06). Pero la prácticamente misma posición sostiene Ceballos (véase el “Diálogo con Jorge Ceballos” en www.barriosdepie.org.ar, 13/6/06).
25 - Esto no significa que la autonomía respecto del estado no sea (o, por lo menos, no haya sido) asumida como una dimensión política importante por algunas de estas organizaciones. Así pues, la cuestión de la autonomía sigue explicando hasta nuestros días una parte de los conflictos que se registran entre la FTV y otros sectores de la CTA, central sindical que enarboló esta autonomía respecto del estado como uno de sus principios constitutivos desde su fundación (acerca de estos conflictos, véase Armelino 2004).
26 - El Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) de Brasil, en su relación histórica con el Partido dos Trabalhadores y, actualmente, con la administración encabezada por Lula Da Silva, acaso sea el ejemplo más significativo de una organización que conserva su autonomía.
27 - El MBP, como ya dijimos, se originó en la preexistente CPL. Y también sus nuevos aliados en el Movimiento Libres del Sur (es decir, el Frente Barrial 19 de diciembre, la Agrupación Envar El Kadri, el Partido Comunista Congreso Extraordinario, la propia Corriente Patria Libre y algunos otros) son, en líneas generales, organizaciones preexistentes. El Movimiento Evita está compuesto, por su parte, por los MTDs Evita y Resistir y Vencer, el MP 20, el Frente Transversal Nacional y Popular y algunas otras organizaciones menores.